Seve González: “Queremos recoger los testimonios de la sociedad Jumillana para sumarlos a los más de 2 millones y medio de españoles que están en contra de la derogación de la Prisión Permanente Revisable”.
“Los presupuestos de la Comunidad prevén más de 9 millones de euros de inversión directa en Jumilla”
22 de marzo. La presidenta de los ‘populares’ jumillanos, Seve González, junto al secretario general y concejal del partido, Antonio Valero, el coordinador general y portavoz “popular”, Juan Agus Carrillo así como la vicesecretaria de sectorial, Paquita Pérez, y miembros del partido han presentado las actuaciones que el Gobierno regional va a llevar a cabo en el municipio durante 2018 recogidas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Unos presupuestos que recogen una inversión directa de más de 9 millones de euros que mejoran las infraestructuras, la atención social, la sanidad y la educación en Jumilla, entre otras materias. Así lo ha destacado la presidenta de los ‘populares’, Seve González, quien ha resaltado la inversión de 1.124.000 euros para construir el nuevo CEIP Príncipe Felipe, la atención a las personas con discapacidad y la dotación de plazas en residencias para lo que se destinan 1.394.000 euros, los 400.000 euros dedicados al acondicionamiento y mejora de la Carretera del Carche, o los cerca de 700.000 euros destinados a planes de obras y servicios en el municipio de Jumilla.
También han aprovechado la jornada para recoger firmas a favor de mantener la Prisión Permanente Revisable (PPR), que según González es una conquista social avalada con más de 2 millones y medio de firmas recogidas en contra de su derogación.
González ha recordado que la PPR fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015, como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana y con los únicos votos a favor del Partido Popular, con el objetivo de impedir que los delincuentes más peligrosos que no han demostrado capacidad de reinserción puedan volver a la sociedad poniendo en peligro la seguridad de las personas.
“Estamos hablando de asesinatos en los que concurra una específica circunstancia agravante como genocidios, asesinato de menores o violaciones en serie, y su mantenimiento está sustentado en argumentos de peso más que suficientes”, ha manifestado González, quien ha apuntado que contrariamente a quienes la rechazan y piden su derogación, la PPR no es una cadena perpetua ya que cumplida una parte de la condena, que oscila entre 25 y 35 años, la justicia revisa de oficio si la prisión debe ser mantenida cada dos años; respeta la Constitución y esta avalada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos; además existe en muchos países en nuestro entorno, como Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza o Dinamarca.
“Desde el Partido Popular hemos defendido, defendemos y defenderemos su constitucionalidad y proporcionalidad y no sólo apostamos por mantener su permanencia sino también proponemos extenderla a otros supuestos de aplicación”, ha declarado González que ha recordado que fue el Partido Popular, en 2015, el único partido que apoyo que nuestro Código Penal recogiese la PPR; que fue el PSOE y Pedro Sánchez, instalados en el “no es no”, quien la recurrió al Tribunal Constitucional, a sabiendas que está avalada por el Derecho Internacional, que está normalizada en Europa e implantada desde hace décadas en casi la totalidad de países de nuestro entorno europeo, a excepción de Portugal y Croacia; que fue Ciudadanos, hace apenas dos años, quien firmó un acuerdo de investidura con el PSOE de Pedro Sánchez incluyendo en las 200 medidas firmadas, la derogación de la PPR; que también fue la oposición en octubre de 2016, con la abstención de Ciudadanos que la calificó de “demagogia punitiva”, quien exigió al Gobierno del Pte Rajoy su derogación, y que ha sido Ciudadanos con su acostumbrada falta de criterio y ambigüedad, siempre en función de encuentras electorales, quien ha activado y acelerado recientemente su derogación, pasando del no a la PPR en febrero de 2016-, a la abstención -en octubre de 2016-, para llegar al 2018 pidiendo el endurecimiento de los supuestos de la misma.
Para terminar González ha manifestado que “queremos recoger los testimonios de la sociedad Jumillana para sumarlos a las voces de más de 2 millones y medio de españoles que están en contra de su derogación”.
